Notas dispersas sobre el enigma chileno

En Chile van ya más de veinte días de manifestaciones callejeras, una enorme marea donde se mezclan celebraciones alegres, cacerolazos, juegos de luces láser, barricadas, incendios, saqueos y ataques frontales con piedras y bombas molotov a las fuerzas del orden. Las razones del estallido social permanecen en penumbras. Racionalizaciones hay, por supuesto, pero explicaciones no muchas. 

En su última columna titulada “El enigma chileno” don Mario Vargas Llosa evita cargarle a las políticas económicas chilenas, especialmente las llevadas a cabo en democracia, la responsabilidad de las manifestaciones. La explicación del estallido, según él, es que en Chile las promesas de esas políticas aún no se cumplen del todo: faltan en el país mayor y mejor educación, mayor movilidad social, mayor igualdad de oportunidades. El tan mentado “modelo” está en la senda correcta, solo hay que ajustarlo. Por eso, el escritor piensa que las protestas chilenas guardan similitud con el espíritu de las protestas de los chalecos amarillos franceses que lograron poner en jaque, aunque brevemente, al presidente Macron. Son síntomas de crisis de primer mundo, no del tercero. 

Por supuesto, las izquierdas chilenas y, para el caso, todas las izquierdas regionales, se mofan de esta lectura. Para ellas el problema es precisamente el modelo chileno al que motejan de “neoliberal”. Más aún, el problema no sería reciente, sino de los últimos treinta años, de ahí el eslogan que se ha hecho popular desde que se anunció la subida de precios del metro de Santiago, el supuesto gatillo de las protestas: “no son treinta centavos, son treinta años”.  

Esto es sorprendente. Los últimos treinta años son los que Chile ha vivido en democracia. ¿Suena sensato poner en entredicho prácticamente todo el éxito político y económico del país como si éste nunca hubiese existido a pesar de sus resultados tan reales (bajar la pobreza de 40% a menos del 8%, por ejemplo), y como si la Concertación no hubiese sido pieza clave de ello? Pues para las izquierdas, sobre todo las más radicalizadas, parece que sí. 

La oposición, impermeable a las razones cuantitativas de la big data, considera que la única salida de la crisis pasa primero por la renuncia del presidente Piñera y, luego, por la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Es crucial, se dice, elaborar una nueva constitución que ponga bajo tierra la carta “pinochetista” de 1980, a pesar de que ésta fue aprobada por plebiscito y revalidada en 1989 con decenas de reformas. La nueva carta magna consolidaría el “nuevo pacto social”, una suerte de gran reseteo nacional.

No parece haber mayor punto de encuentro entre las lecturas de derecha y de izquierdas. La realidad política ciertamente está con la primera: el gobierno sigue en pie y el presidente no ha dado ninguna señal de querer renunciar (no debe, por supuesto). Pero la realidad de las protestas, sean éstas pacíficas o violentas, la realidad de la delincuencia que tiene al país con los nervios de punta y en standby económico, parecerían estar con la segunda. 

Tampoco hay mayores puntos de encuentro en sus visiones de mundo o de país. Hay fuertes emotividades y filosofías en conflicto. Asumir el pragmatismo vargasllosiano implica aceptar que el mundo es intrínsecamente injusto y que no existen reales soluciones a los problemas, sino solo negociaciones (un sentido común que podría inspirar también Thomas Sowell).

La segunda visión, en cambio, consciente o inconscientemente rousseauniana, prefiere un punto de partida paradisíaco: el hombre nació libre, pero fue luego colocado en cadenas. Y si hoy vive bajo opresión es por esa malvada convención llamada “neoliberalismo”. El modelo chileno es, por tanto, un pésimo contrato social que debe ser resuelto. No hay negociación posible porque no se puede transar con el mal. Como se ve, el pragmático parte del realismo y propone una salida positiva. El utopista, en cambio, parte de la fantasía y queda atrapado, cual ángel caído, en la depresión de un mundo real siempre insatisfactorio.

Estas dos oposiciones no son las únicas lecturas disponibles. Hay una tercera que no me ha parecido nada desdeñable. Se la escuché al chileno Fernando Mires, un politólogo residente en Alemania. Según ella, las manifestaciones son un acontecimiento en busca de una “causa”. Cada quien la invoca, dice Mires, según sean sus convicciones políticas, ideológicas o personales. Es por esto que, por el momento, la razón del estallido social permanece sin repuesta. Esta prudente lectura calza con los datos de la realidad: en las manifestaciones no hay un interlocutor visible, ni liderazgos, ni pliego de reclamos. Hay un significante vacío, pero ansioso, ideal para ser llenado con múltiples significados, muchos de ellos motivados por la política del momento. 

La izquierda es, claro, experta en construir significados y narrativas. Ha sido mucho más rápida que el gobierno de Piñera en contar una historia profundamente seductora: todo se debe al agotamiento del modelo y a su necesaria reformulación. Y la apuesta va más allá: la conmoción debe extenderse hasta los cimientos mismos de la nación chilena. La vandalización de decenas de monumentos y la decapitación de algunas representaciones escultóricas de diversos héroes nacionales sería la prueba. Los chilenos quieren una refundación total.

Es algo lamentable que el gobierno de Piñera, muy desorientado, haya caído preso de esta narrativa. Sintió el golpe de las críticas iniciales, a pesar de que lo que hizo fue lo correcto: condena severísima de la violencia, subrayar que se estaba en una “guerra” (ofensa mayor para un sector de la izquierda cuando solo se trató de un gesto retórico de defensa del orden) y el decreto del estado de emergencia y el toque de queda.

Al inicio Piñera presintió, correctamente, que el desborde social podría ser incontrolable —ahora amenaza serlo—, porque los ciudadanos chilenos en nada se diferencian de ciudadanos de otras latitudes que, frente a la sensación de impunidad, pueden lanzarse al asalto. No había que ser un lector de cartas: sucedió cuando el país sufrió un gran sismo nueve años atrás. Nos pasó en Lima con la huelga de policías en 1975. Sucedió en Montreal en 1968 (el evento que hizo que el muy joven Steven Pinker abandonara sus ideales anarquistas).

Pero el presidente prefirió dar una vuelta en “u” aturdido por las críticas y los comentarios, los señalamientos de falta de “empatía” y “sensibilidad”. Bajó la guardia, creyendo que con eso se calmarían las aguas y se volvería a la “normalidad”. Sus asesores no parecen conocer mucho de la naturaleza humana.

La oposición, metida en el esperable juego del aprovechamiento político, ha preferido colocarse de costado con violencia. No la condona, pero tampoco la denuncia con firmeza. No debería sorprender. Estamos en una extraña época en que la denuncia de la violencia no es un consenso y, menos aún, un sentido común. Ejemplos abundan en otros espacios. Grupos ambientalistas, feministas extremos, “antifa”, o hasta animalistas, entre otros, consideran la violencia un arma política legítima. No interesa si expresan posiciones muy minoritarias o si apenas consiguen votos para sus ideas ensimismadas.

Sirva esta comparación: en el Perú los años de la violencia (1980-2000) han terminado creando sentidos comunes muy aislantes que no toleran ninguna manifestación de la violencia, ni la física ni la simbólica. Aquí nos podemos asustar con la mera representación lúdica de Túpac Amaru II (símbolo del grupo terrorista MRTA). En el Perú sería impensable, incluso en nuestra izquierda más dubitativa, la tibieza frente a imágenes de saqueos perpetrados coordinadamente y grabados desde todos los ángulos.

Los errores del presidente Piñera, entonces, no pasan por su defensa del “modelo” o por haber decretado un toque de queda. Pasan por no haber defendido y explicado suficientemente bien las bondades del modelo (acorralado por la oposición, está cediendo en temas como las cuarenta horas, por ejemplo), y no haber sido lo suficientemente enérgico para detener la violencia, que de política tiene poco. No es un problema de qué hacer, sino de cuándo y cómo hacerlo. 

Si creemos en la tesis de la naturaleza doble de las manifestaciones, la pacífica y la violenta, Piñera ha tenido claramente muy poca reacción para enfrentar la segunda. Es el problema urgente, porque lo que buscan las manifestaciones pacíficas es —o debería ser— una solución política en democracia. 

Es así que la estrepitosa caída del presidente en las encuestas se explica por la inoperancia y la ineficiencia de proveerle paz social al país. Recién en los últimos días ha habido mínimos avances policiales y de inteligencia. Se ha logrado identificar a uno de los posibles incendiarios del metro, un adolescente de solo dieciséis años. Dudo mucho que ese adolescente esté buscando una “nueva constitución”. Simplemente no quiere ninguna. Su único ideal es la impunidad.

Otro error de Piñera es haber sobreestimado a la humanidad. Visto desde afuera, el “modelo” (el capitalismo en buena cuenta) es un círculo virtuoso y bien engrasado de incontables transacciones simultáneas sin titiritero detrás. Pero visto con lupa, el modelo se sostiene también en elementos tan precarios, aunque muy elevados, como la confianza mutua, el reconocimiento de mínimas reglas de convivencia, el respeto a la autoridad y la ley. Sin sensación de autoridad todo eso se desmorona. No esperemos una humanidad autocontrolada.

Se dice que nadie lo vio venir. Lo puedo creer. La catástrofe social ha sido silenciosa, una especie de gotera que fue mermando el gran contenedor, que se creía inexpugnable, de la paz social. En efecto, ha habido el efecto acumulativo de algo. Pero no ha sido el vaso de desigualdad lo que terminó rebalsándose como se anda diciendo (la desigualdad ha venido reduciéndose sostenidamente en Chile). Lo que se quebró fueron los enormes ductos de la representación social. No hay mayor control sobre las masas porque los partidos políticos y las formas tradicionales de representación están caducos. Este fenómeno no es solo chileno, es mundial.

Las grandes culpables o responsables son las redes sociales. Hace años, cuando el debate sobre el advenimiento de las redes y de legiones de prosumidores estaba candente y se advertía el enorme desarreglo sobre ciertas economías que esto produciría, poco se discutió sobre cómo precisamente esta nueva geografía social iba a afectar nuestras formas democráticas. 

Se entendió muy rápido, sin duda, que la prensa libre iría a entrar en decadencia (ya lo está) porque la gente empezaría a acostumbrarse a la noticia gratuita, o porque los amateurs a cargo de la nueva distribución de la información olvidarían criterios básicos de confirmación u objetividad. 

Hoy se ve que ambos peligros fueron algo inflados (por ejemplo, se sabe ya que las noticias falsas no son un problema real en una campaña política). Pero lo que también se ve es que las redes sociales modificaron ampliamente las expectativas de sus usuarios con la vida política. Las redes sociales le confirieron a las personas una nueva sensación de ciudadanía.

Cada año, cada mes, cada semana, cada día, ajustadas y mejoradas en su tecnología, las redes sociales le otorgan a sus usuarios herramientas con las que construyen esa ciudadanía: libertad de expresión irrestricta, customización de la identidad, un auditorio que siempre está ahí, a toda hora, y que responde de inmediato. 

La velocidad de las interacciones digitales son un vértigo y una avalancha. Por cierto, no se debe esperar que una avalancha lo sea solo de materia virtuosa. Hay mucho, demasiado, de lo malo. Pero en conjunto, y desde su abrumadora imperfección, la avalancha es un notable triunfo de la libertad humana que busca expresarse, organizarse, y no quedar afuera en la toma decisiones. Las redes sociales evidentemente no fueron construidas para tal objetivo, en absoluto, pero una vez que se instala la infraestructura, la creatividad humana puede ser sorprendente.

Frente a esta maravilla tecnológica, los partidos tradicionales, con sus morosas reuniones, su organización triangular, su aburrido pliego programático, quedan como vestigios arqueológicos e inservibles de la actividad política. ¿Sorprende entonces que en Chile, donde el voto es voluntario, una elección presidencial convoque a tan pocos electores? No sorprende en absoluto, menos aún si los más ausentes son precisamente los electores más jóvenes.

Los partidos, entonces, han sido bypasseados, burlados, sembrados en el suelo, por la ciudadanía veloz y móvil de las redes sociales. Esto quiere decir, además, que los liderazgos tradicionales de las élites se han convertido en polvo. La última encuesta sobre instituciones en Chile lo expresaba claramente: los peor considerados, los de menor confianza, incluso por debajo del presidente, son los partidos políticos: 2.4%. Por eso, que la izquierda quiera llenar el significante de las manifestaciones con su delirante pliego de exigencias solo puede motivar una sonrisa.

La obsolescencia del partido político tradicional no implica, por supuesto, la anomia, palabra que escuché por primera vez en mis clases de sociales hace más de veinticinco años. Aquí también podríamos sonreír. No. El ser humano es una especie social: necesita de liderazgos, vive por ellos y, también, puede ponerse en peligro personal por ellos. No hay anomia, solo el desplazamiento de la atención de los vetustos liderazgos tradicionales a los nuevos de las redes sociales. El influencer es el nuevo aglutinador. Y éste puede ser cualquiera: el opinador insistente, el académico oscuro, el gamer, la estrella de la TV, el cantante, el periodista, el futbolista, el youtuber, el booktuber, el miembro de barra brava, el troll. También el científico, el arquitecto, el literato. Frente al embudo estrecho del partido, tenemos como realidad la fantástica y enorme multiplicidad democrática en búsqueda hambrienta de capital social. La sociología de las redes está construyéndose, pero sin entenderla, es imposible comprender eso que Piñera anda llamando “los sueños y esperanzas” de los ciudadanos de a pie. En esta (in) comprensión anida la solución a la violencia. Porque así como la vida política se ha transformado, también lo ha hecho la violencia.

Yascha Mounk, politólogo alemán-estadounidense, en su libro The People vs. Democracy cita estudios de Jan Pierskalla y Florian Hollenbach sobre la influencia de la diseminación del teléfono celular en zonas remotas del África. Desde un punto de vista económico se predijo un efecto positivo. Y varios de éstos se materializaron: mejor acceso a la salud, mayor contacto con las zonas urbanas, mayor alfabetización. Pero también ocurrió otra cosa: el nivel de violencia aumentó notablemente. Los grupos rebeldes violentos podían comunicarse más rápidamente y lograban evadir a las fuerzas del orden. La tecnología es neutra, pero en la era de las redes sociales, es la lectura de Mounk, la brecha entre insiders pro-sistema y outsiders desestabilizantes, es más estrecha. Esta situación no parece que vaya a cambiar. ¿Qué hacer?

Cerrar el interruptor de las redes y así calmar las aguas sociales no es ninguna solución, desde luego. Este tipo de apagón es lo que se estila en países muy poco libres como Corea del Norte o China, donde el control de las redes es casi absoluto y la censura moneda corriente. No. La solución pasa por tomar lo mejor de las redes, su eficiencia, su gran capacidad de respuesta, su casi total transparencia, y aplicarla a objetivos políticos serios y prioritarios, donde los ofrecimientos electorales de los representantes puedan ser fiscalizados y donde haya cada vez menos incompatibilidad entre lo que dicen y lo que hacen. La relación entre el ciudadano y el estado debe pasar por una revolución: la de una mejor interacción digital. O sea, un enorme upgrade burocrático.

Esto no implica, claramente, el abandono de los valores fundamentales de las democracias: el respeto a los derechos humanos, a la propiedad, a la privacidad, al debido proceso, a la verdad, entre muchos otros. Una mejor tecnología no inaugura una nueva era de acuario para la humanidad ni una transformación de su aún joven ADN. Solo hace más eficiente la comunicación. Por lo tanto, en esta nueva (y aún hipotética) relación entre el ciudadano y el Estado, las obligaciones del ciudadano serán también mucho más claras, mucho más inobjetables, fáciles de deducir y de satisfacerlas. Un Estado con mejor capacidad de respuesta debería implicar también un ciudadano mucho más responsable. Porque así como están, las redes sociales también producen comportamientos ferozmente antisociales y, como se ve en las discusiones de Twitter, una incapacidad casi congénita de llegar a consensos. 

Una mejor herramienta estatal, lejos de Twitter, Facebook o Instagram. Ésta también debería hacer más transparente y mejor la comunicación ínter-generacional. Porque la crisis chilena también ha sido una derrota de las generaciones más maduras que se han quedado cruzadas de brazos observando o, incluso en algunos casos, celebrando cómo adolescentes y jóvenes hacen “la lucha” con destrozos.

Si los seniors de la sociedad se quedan pasmados o seducidos por el capital social acumulado de las redes y se olvidan de su papel pedagógico con los más jóvenes, de su capacidad de imponer límites o de llamar a la calma cuando sea necesario, ninguna sociedad tiene futuro. No hay necesidad de borronear contornos generacionales. Los seniors no tienen que caer en la dictadura del emoji. Se trata de política y de toma de decisiones. Una dictadura de la adolescencia es lo que se describe en El señor de las moscas.

Y, finalmente, una mejor herramienta también nos debería hacer más finos en la intelección de los fenómenos de la violencia. Por ejemplo, como nunca antes he visto el enfoque de género dejado de lado cuando, en la crisis chilena, parece de una necesidad enorme frente a lo obvio: los destrozos lo hacen, en su enorme mayoría, hombres jóvenes. Aquí lo menos pertinente es una discusión sobre el “modelo” entre izquierdas y derechas.

¿Por qué tanto interés desde el Perú? David Hume, el gran pensador escocés, decía sobre la rivalidad comercial entre naciones, que era absurdo y mezquino creer que la prosperidad propia debía hacerse a expensas del vecino. Nada más lejano de la verdad. La riqueza y el comercio de una nación solo fomenta la de sus vecinos. Por eso el destino de Chile es también el destino del Perú. 

El caso García de Pedro Cateriano

Un mar de sospechas. Una montaña de indicios. Diversos testimonios y evidencias. Pero nada de eso importó. A finales de 1991, un muy sospechoso Poder Judicial desestimó rápidamente la acusación contra el ex-presidente Alan García por enriquecimiento ilícito aprobado en el Senado. El autogolpe de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 colocó una lápida adicional a una trabajosa investigación parlamentaria: caídas las garantías, García pudo esconderse por más de cincuenta días, pedir asilo a Colombia y cambiarse el traje de investigado por el de víctima. ¿Suerte o genio?

Pedro Cateriano, el autor de El caso García, fue testigo privilegiado de ese proceso. Muy joven y como diputado por el Movimiento Libertad, formó parte de la comisión en la cámara baja que investigó el supuesto enriquecimiento ilícito del ex-presidente. El trabajo se inició apenas entró en funciones el parlamento en 1990. También formaron parte de la comisión Fernando Olivera, Fausto Alvarado y una acuciosa Lourdes Flores (hoy investigada por corrupción), entre otros.

Una confesión. En el 2006 voté por García convencido de que el Ollanta Humala con polo rojo estaba decidido a importar el socialismo del s. XXI a tierras peruanas. Para ese entonces el aprista era otro: no el estatizador con tanques de la banca de 1987, sino el promotor del libre mercado y el pechador de Chávez. No me arrepiento, claro, porque no creo en el voto en blanco. Sin embargo, una de las cosas que logra Pedro Cateriano con El caso García es que las consideraciones ideológicas queden en muy segundo plano. Para la corrupción no hay izquierdas ni derechas. Basta conocer los puntos ciegos de las reglas de juego del estado, sea cual sea el “modelo”. 

El libro no es precisamente una crónica. No en el sentido genérico de forzar el lenguaje para incitar emociones o generar suspenso. Eso es bueno. No se pretende responder quién fue García, sino qué hizo. No hay perfiles psicológicos. Tampoco hay mayores calificativos. Al contrario, hay elogios. Elogios a su diabólica manera de defenderse hablando por largos minutos sin titubear, a contradecirse sin que se le mueva un pelo, a hacer pasar la mentira por verdad (hay un pasaje notable del libro donde se transcribe, hoja tras hoja, verbatim, la delirante y única declaración que dio a la comisión). Más que de crónica, entonces, en El caso García hay ánimo de historiografía, interés por el detalle, exposición clara de enormes cantidades de información. A veces, para los toques de color, se reconstruyen algunos diálogos. Pero son pocos.

Son dos los casos más importantes en el libro: el caso BCCI y el de los aviones Mirage. Para los que crecimos en los ochentas, ambos están a medio camino entre la realidad y la mitología. Pero Cateriano se esfuerza por separar lo fáctico de lo difuso. Tal como ahora, el humo del juicio mediático hacía sospechar de lo obvio hasta al ojo más entrenado. Es por eso que, además de desentrañar hilos políticos, Cateriano también recuerda el comportamiento de la prensa de ese entonces. Queda muy bien parado el Oiga de Paco Igartua. No muy bien Caretas o César Hildebrandt (entre otros). 

Fue difícil, sin embargo, pastorear hacia el escepticismo a una opinión pública siempre convencida de la culpabilidad de García. No haré el esfuerzo inútil de resumir pormenorizadamente los casos, pero valgan unos pincelazos. En el del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), se sospechaba que García desvió reservas peruanas del Banco Central al banco favorito de personajes como Adnan Khasoggi, Ferdinand Marcos, la familia Duvalier y Manuel Antonio Noriega. Tal era el poder de García en esos tiempos y la poca independencia del manejo monetario peruano. El BCCI terminó a la larga involucrado en masivas operaciones de blanqueo de dinero y solo así se entiende cómo un banco pudiese atreverse a darle crédito al Perú, convertido ya en un paria de la comunidad financiera por el propio García.

El caso de los Mirages es quizá más espectacular, aunque sumamente complejo. Una compra de veintiséis aviones Mirage al gobierno francés iniciada en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde se redujo a doce por órdenes de García. La reducción no estuvo respaldada por ningún informe técnico. Y es aquí donde el caso se vuelve un acto de desaparición. ¿A dónde fueron a parar los otros catorce aviones? Por contrato, el gobierno peruano no podía revender absolutamente nada si no era con consentimiento expreso del francés. Entonces, ¿qué pasó? Según se comenta en el libro, seguir las pistas de compraventas de armamentos es casi imposible por el nivel de secretismo que existe a todo nivel. Pero la participación directa de García y de sus hombres de confianza, quienes viajaron hasta París para una extraña renegociación, levantaron todas las cejas. La intriga internacional, que hace escala en un yate de lujo acoderado en las aguas del Nilo propiedad del libanés Abderramán El Assir, célebre comerciante de armas que también había visitado Palacio, es digna de Bond. 

Como se ve, El caso García, como título, es apenas sinécdoque de una multiplicidad de indicios de corrupción. No deberíamos sorprendernos al recordar, entonces, que en setiembre de 1991 la comisión terminó acusando al ex-presidente por los delitos de enriquecimiento ilícito y contra la fe pública entre los años 1978 y 1990. En esos doce años, García se desempeñó como miembro de la Asamblea Constituyente, diputado y presidente. En efecto, los extraños movimientos de dinero y propiedades de García empezaron desde los setentas. 

Con todo, al gran rompecabezas de El caso García le falta una pieza: la prueba incontrovertible. Ese vacío es del que se han valido los defensores del ex-presidente para desprestigiar lo que ellos han considerado un castillo de naipes de persecución y venganza. Lo más cercano a rastros tangibles de enriquecimiento son los célebres informes financieros norteamericanos Larc y Kroll que, hasta hoy, son objeto de burla por el aprismo. Sin embargo, Cateriano presenta un buen caso de defensa de ambos, cuyos contenidos nunca fueron contradichos. La mala fama de Larc y Kroll se explica por la astucia de la costosísima representación legal que tuvo García en los Estados Unidos a inicios de los noventas, ella misma una señal obvia de unas finanzas que no cuadraban. Frente a ella, una comisión con pocos recursos siempre estuvo uno o dos pasos detrás.

Sin embargo, el reino de las pruebas siempre le perteneció a la Corte Suprema y no al Parlamento, como legalmente corresponde a estos casos de impeachment peruano. Pero ánimo para hurgar en él nunca hubo. Una vez aprobada la acusación constitucional en la cámara de senadores, el Fiscal de la Nación formalizó la denuncia ante la Corte excluyendo increíblemente los casos BCCI y Mirage. A finales de 1991, un oscuro vocal vinculado al Apra archivó el expediente con el desternillante argumento de que “la sospecha no configura delito”. García celebró.

El caso García se remata con un caso que Cateriano no investigó directamente: el escándalo de las coimas del tren eléctrico que saltó a la luz pública en 1993. Es un repaso rápido, no solo porque es un caso más simple, sino porque en comparación a lo anterior parece solo una raya más sobre el tigre. En vida, García siempre pudo eludir la justicia, pero nunca fue declarado inocente. Si eso pesará en el juicio que se haga de él en la historia futura, dependerá de cada quien. Pero tan larga carrera política marcada por sospechas invita a concluir lo mismo que dijo el diputado de Izquierda Unida Ricardo Letts en memorable intervención parlamentaria que este libro cita: “no es que García se corrompió en el poder: llegó corrupto”

Escuchando a Los Prisioneros más de 30 años después

Ahora que “El baile de los que sobran” de Los Prisioneros ha cobrado nueva vida por las manifestaciones masivas en Santiago y otras ciudades chilenas, no me ha parecido mala idea recordar qué significó para mí la banda allá en los grises años ochentas peruanos.  

Mis recuerdos son algo desordenados. Si fuese crítico musical iría disciplinadamente en orden cronológico empezando con el primer disco La voz de los ’80. Pero en mi radar adolescente Los Prisioneros aparecieron con el himno “Por qué no se van”, hit del segundo disco llamado Pateando piedras, allá por 1986 o 1987. 

Recuerdo que “Por qué no se van” me pareció una de las mejores canciones que había escuchado en mi vida. El adolescente que era solía embobarse rápidamente con las novedades, sin duda, pero también es verdad que como hijo de los ochentas estaba familiarizado con el ránking anglosajón que masivamente se escuchaba en radios: Queen, Bowie, The Cure, Tears for Fears, Cars, etc. “Por qué no se van” era buena incluso en la comparación. Los Prisioneros no sonaban ni españoles ni argentinos. En algún momento creí que eran peruanos.

La cultura pop que cruza fronteras siempre pierde algo en la traducción. ¿Quiénes eran los que debían irse del “país” en esta canción? Recordemos que el Perú de 1987, eternamente incubado en crisis, comenzaba a resquebrajarse rumbo a su más grande debacle. Desde mi contexto, irse del país tenía sentido como una huida. Pero los Prisioneros hablaban de gente con la energía y el tiempo suficientes como para preocuparse por el cine arte, la cultura europea, las vanguardias. 

Yo era escolar, apenas había salido de la primaria. No entendía nada porque nada sabía del experimento económico chileno de inicios de los setentas. Lo que vivían los chilenos en 1987 se parecía y no se parecía al Perú. Su sociedad empezaba a hacer crack viviendo bajo dictadura, pero era de otro tipo. Bastaba ver la portada de Pateando piedras donde el trío aparece viajando en el transporte público. ¿Era un micro? No, era el metro. En Perú, los que se iban del país eran los que estaban muy mal. En Chile, los Prisioneros despedían a los que sospechosamente les iba demasiado bien.

¿Era realmente un grupo de protesta? Aquí empieza lo debatible. Porque estilísticamente los Prisioneros de Pateando piedras son ambiguos. Esta lectura es ya desde el presente observando a la distancia. La voz melodiosa de Jorge González, los ritmos y teclados a lo Depeche Mode, y las armonías más cercanas a lo beatle que al punk simplón, eran parte de la receta pop juvenil muy comercial del momento. Lo raro eran las letras, que generaban una disonancia. Un new wave suave unido a lo cáustico formaban un híbrido muy inusual. Así que Los Prisioneros fueron quizá de protesta solo a medias, definitivamente no como Los Violadores, otra banda (de Argentina) que sonaba fuerte en ese entonces y cuyo sonido era honestamente punk. Los Prisioneros preferían ir por una diagonal. González, el genio detrás, era un Lennon latinoamericano.

Por supuesto, mucha gente asume la ironía social de González como una música de protesta muy contextualizada, muy anti-pinochet (aunque no se lo mencionara nunca), lo que está muy bien. No voy a contradecirlos. “El baile de los que sobran” es sin duda lo más cercano a una canción de protesta. Pero prefiero ver en los intersticios. “Muevan las industrias” podría ser el soundtrack del programa de sustitución de importaciones de la Cepal, cierto, pero también era la pesadilla de un chiquillo solitario absorbido hacia “la máquina” entre obreros desempleados que merodean muy amenazantes por la ciudad. “Quieren dinero” es una sátira del capitalismo y a la vez describe la angustia del adolescente que no quiere crecer para no tener que competir. 

“Por qué los ricos” fue siempre mi canción favorita de ese discazo que es Pateando piedras. Parece también de protesta, pero es sobre todo una canción de desorientación y perplejidad. No hay nada programático en ella, y tan es así que la conclusión de la voz adolescente es que los ricos son tan imbéciles como los pobres y que al final quizá todo “le dé igual”. Por eso creo que el éxito de Los Prisioneros se explica mejor porque la ironía, el nihilismo y la misantropía (¿hay que recodar lo misógina que es "Una mujer que no llame la atención"?) son sentimientos muy adolescentes y urbanos. Hay más subjetividad que realismo objetivo y política, más individualidad que colectividad y utopía. Como para redondear la idea, en ese mismo disco, un clásico sin duda, hay además canciones como “Estar solo” (teen angst puro) o “Por favor” (de un romance que va mal). 

Finalmente, cabría también discutir si las canciones de Pateando piedras (una versión escolar de la frase adulta “pateando latas”) son para cambiar el sistema o un grito desesperado por ingresar en él. Yo hasta ahora no lo sé. Ni tampoco sé dónde anda el cassette que compré y escuché una y otra vez allá en los ochentas. 

¿Qué hacemos con Verónika Mendoza?

En realidad, no hay mucho que hacer. A veces veo a los amigos de la derecha o la centro-derecha demasiado preocupados por lo que hace o no hace Verónika Mendoza. Su alianza con Vladimir Cerrón —izquierdista cavernario, condenado por corrupción, admirador de Putin, además de xenófobo y homofóbico— pareciera que los terminó de convencer de que Mendoza es, al fin y al cabo, una política. 

Quizá la sorpresa se deba a que Vero es una líder carismática. No cae mal. A veces habla del amor. Su empatía con los más desfavorecidos, sobre todo los andinos, suena auténtica. Pero también es verdad que trastabillea cuando se le pregunta por Cuba, o Chávez, o qué tan comunista es su socialismo (le costó mucho reconocer que lo de Maduro no era tan democrático). Ha sido clara, en cambio, en denunciar el neoliberalismo y la globalización. De tener el poder suficiente cambiaría la constitución, sobre todo el capítulo económico. Para ella, todos los males peruanos provienen de la economía de libre mercado consagrada en la constitución.

Por el tema económico, muchos de los amigos de la derecha o la centro-derecha piensan que Mendoza, a pesar de ser joven, no es una buena representante de la izquierda moderna. Pero no lo creo. En economía Mendoza no se diferencia en nada de mucha de la nueva izquierda joven hispanoamericana. Además, Vero está en línea con los nuevos valores culturales de esta izquierda: respeto por las minorías, énfasis en lo identitario, importancia de la dignidad. Huelga decir que no tiene un pelo de xenofóbica ni homofóbica como su socio Vladimir Cerrón. Así que parte de la izquierda moderna es.

¿Qué tantas opciones tiene de ser presidenta? Esa es una pregunta difícil. Yo creo que no tiene ninguna. Ni en el corto ni en el mediano plazo, menos quizá por su alianza con Cerrón. Pero Venezuela, y ahora Chile, son dos elementos que hacen del tablero político peruano algo impredecible. 

La masiva migración venezolana, más allá del tema humanitario, ha sido una pésima publicidad para el socialismo del s. XXI de Maduro. Aunque los amigos venezolanos han sido bien recibidos en Perú, cada uno de ellos es la historia de una tragedia. 

Pero del otro lado está la explosión social chilena reciente, cuya narrativa ha creado y capturado la izquierda para sí: toda la conmoción se debe al agotamiento de un modelo neoliberal inhumano y explotador, se dice. El capitalismo global está en entredicho. 

Cada uno de estos fenómenos sociales es un cautionary tale de dos modelos extremos en pugna. Algunos dirán que es injusto poner en la misma balanza ambos fenómenos (yo mismo creo que es muy injusto y errado). Pero los imaginarios tienen vida propia, no siempre atados a la realidad. El Perú ha sido por casi treinta años consistentemente un país conservador, inclinado hacia la derecha económicamente, y no parece que vaya a cambiar. Sin embargo, si los amigos de la derecha o la centro-derecha no tienen buenos argumentos para seguir defendiendo el modelo, si no ofrecen nada nuevo más que seguir de frente por la misma carretera a la chilena, una radicalización de Mendoza podría traer sorpresas. Espero que no.

Chile y la conmoción social

Todos hemos quedado anonadados ante el nivel de violencia que ha sufrido Chile en los últimos días. Según sus propias autoridades, la explosión social en el país es inédita desde el retorno de la democracia hace ya treinta años. Hay consenso sobre el disparador: el aumento de los precios del metro de Santiago, uno de los orgullos nacionales. No lo hay del diagnóstico. 

Desde el Perú el trance es más incomprensible aún. Por aquí soñamos con un metro hace ya varias décadas. A duras penas terminamos la línea 1 y vamos de a poquitos por la 2. Santiago, una ciudad más pequeña, ya tiene proyectada la línea 8 y 9 para el 2026. El metro de Santiago ha sido considerado el mejor sistema de metro de América. Que los santiaguinos expresen su malestar destruyéndolo se ve, desde aquí, absurdo. Que la autodestrucción sea un “mensaje” no tiene ni pies ni cabeza.

He seguido por horas y atentamente la cobertura de la prensa chilena que, al parecer, ha trabajado con libertad incluso en el toque de queda. Lo que más se consulta es: ¿por qué ha pasado esto? Políticos y especialistas pasan frente cámaras, hacen su mejor esfuerzo para analizar algo que los sobrepasa y, lamentablemente, no saben bien por qué. Hay tres teorías que se andan repitiendo: la teoría de la gota que derramó el vaso (también llamada la teoría del iceberg); la teoría de una conspiración de izquierda con atentados planificados y concertados; y la teoría de una conspiración de derecha que busca crear condiciones para el retorno de una dictadura militar. Salvo la primera, las otras dos teorías suenan más a conspiraciones en la era de las fake news. 

Desde la política no ha habido mayor respuesta. La condena de la violencia no ha sido unánime, lo que es triste y poco solidario en una situación tan descomunal. Mucha gente de izquierda ha vivido con frenesí y jolgorio la destrucción. Muchos hablan del “despertar” de los chilenos y crean una narrativa utópica en la que se avizora el inicio del fin del “neoliberalismo”, la “desigualdad” y la “brecha”. Hay voces en la opinión pública que, por ejemplo y aprovechando el río revuelto, piden como solución una “nueva constitución”. 

Desde el gobierno la respuesta ejecutiva ha sido, creo, adecuada, a pesar de que sus miembros fueron tomados muy desprevenidos en un principio. Se decretó estado de emergencia y toque de queda. El gobierno no ha caído (lo que desestima un poco el análisis desde lo político) y, aunque con retrasos comprensibles, presidente y ministros han dado la cara. La aparición de las fuerzas armadas en las calles crea reminiscencias de los tiempos oscuros del pinochetismo y los críticos ven en esta salida del presidente Piñera un fracaso de su gobierno o una salida más propia de la “ultraderecha”. Pero, nuevamente visto desde Perú, uno no entiende cómo así las fuerzas armadas no son consideradas parte del estado, una de cuyas sus funciones es precisamente mantener la seguridad en casos extremos de emergencia como éste, más aún con carabineros excedidos en su capacidad y planificación. Hasta donde estoy enterado hay tres fallecidos. Es claro que la violencia ha sido dirigida esencialmente contra la infraestructura pública y los negocios.

Desde posiciones de derecha se habla de “subversión” y “terrorismo”. Dudo que estemos ante una situación de ese tipo. Si bien los resultados destructivos se ven similares, la dinámica de ambas violencias son muy diferentes en su origen. El terrorismo es casi siempre una fuerza desde los márgenes y oculta. Lo de Chile ha sido masivo y sin recato, proveniente quizá de las amplias clases medias. Tener un diagnóstico más o menos claro es importante porque desde ahí saldrán las soluciones. Nos ha sucedido a los peruanos que, usando un mal diagnóstico, hemos errado en las estrategias para enfrentar nuestras propias crisis sociales. En general, es un problema de violencia. Más precisamente violencia juvenil.

La teoría de la gota que derramó el vaso, o la teoría del iceberg, o también la teoría hidráulica de la violencia (son diferentes versiones de lo mismo), en las que la frustración necesita “liberar presión” cuando se cruza un límite, suenan persuasivas desde lo intuitivo, aunque probablemente sean explicaciones equivocadas. Son explicaciones que se han usado antes para dar cuenta de lo sucedido con los disturbios de los chalecos amarillos en Francia, sobre todo en París. Visto en perspectiva, este evento ha sido crucial como modelo de un tipo de protesta destructiva que recibe más comprensión que condena. Similarmente, en Ciudad de México hubo una protesta feminista hace unos meses en forma de ola vandálica. Fue destructiva porque la policía decidió no actuar por ser mujeres las que protestaban. En días previos, Barcelona también sufrió olas de violencia, barricadas en llamas y ataques a los negocios en el contexto de una decisión judicial con implicancias políticas. Ecuador igual. Diferentes razones para los disturbios, pero con las mismas estrategias.

Lo evidente para mí, a la luz de estos casos, es que hay una viralidad de la violencia. Eso quiere decir que el papel de las redes sociales es importante, no solo por la rapidez con la que escala el contagio social, sino por ser las redes los espacios de diseminación de conceptos y eslóganes que justifican la violencia. Aunque hay líderes que se encargan de crearlas, una vez que prenden en el imaginario de las personas (sin que haya una gran ideología o proyecto político detrás), no hay necesidad de un comando central anunciando una “hora cero” para pasar a la acción. Los jóvenes, sobre todo hombres, hacen lo suyo. La amplia libertad de movilidad y expresión de la que gozan también. A eso hay que añadirle estados modernos cada vez más temerosos de usar la fuerza legal para reprimir (la vigilancia de los smartphones está por todos lados). No descarto sumarle también un poco de espíritu sádico desatado (lo juvenil nuevamente) que invita a destruir lo que todos usan. 

Desde ciudades o países donde luchamos por espacios urbanos más democratizados, resulta increíble ver espacios urbanos democratizados en llamas. Se podría argüir que el éxito de la democracia de economía libre ha creado enormes bolsones homogéneos interconectados de personas que comparten valores y se sienten parte de lo mismo. De lo contrario, la viralidad sería imposible a nivel global. No es que estén en entredicho las democracias consolidadas (Francia, España, Chile). Es solo que todo sistema, aunque tenga éxito, crea nuevos problemas. Como siempre, la solución pasa por los ajustes, no por la refundación.

Sin embargo, la lectura contraria indica que es el modelo mismo —el “modelo chileno”, que no es otro que el de la gran expansión mundial del capitalismo desde inicios de los setentas del siglo pasado— lo que ha producido esta crisis. Pero soy muy escéptico de esto. La democracia de mercado abierto es el sistema que menos resistencia le hace a la realidad humana de la necesidad del libre intercambio. Nunca la humanidad gozó de tan altos estándares de vida.

Como bien han dicho las autoridades chilenas, antes de hacer política lo primero es que la paz vuelva a las ciudades. Para eso es indispensable la unión completa de todos los líderes condenando la violencia. Será difícil, porque representantes comunistas piensan que la oportunidad es idónea para solicitar la renuncia del presidente. 

Volviendo a Lima otra vez, uno se pregunta si situaciones similares sucederán por aquí tarde o temprano. Si no hay un buen diagnóstico es inevitable. Por lo pronto, nuestra pobre democracia, nuestra pobre educación, la difícil movilidad en nuestras ciudades, la poca interconectividad que tenemos, el poco interés que nuestros jóvenes tienen con los sucesos mundiales (la prensa no le presta mayor atención a lo que pasa en el mundo, salvo que sean memes irrelevantes), y las reales fracturas sociales, son barreras naturales que, creo, nos protegen de conmociones sociales urbanas de este tipo y envergadura. Por aquí se disolvió el Congreso y no sucedió nada. Cuando algunos tuiteros compartieron el hashtag “#JeSuisParis” en el contexto de horribles atentados terroristas hace un tiempo, la enorme mayoría se burló de ellos. Esa mayoría tenía razón: no somos París.

El informe de la Comisión de Venecia. ¿Quién ganó?

No soy abogado, pero textos como el informe de la Comisión de Venecia sobre ligar la cuestión de confianza a reformas constitucionales son tan claros que, creo, cualquier lector atento (y que lea de buena fe), puede seguir la argumentación. La Comisión dice explícitamente que no comenta sobre sobre el contexto político peruano. Por eso no hay ninguna mención a los intentos de declarar la vacancia presidencial durante los meses de PPK (los que motivaron su renuncia), ni tampoco a las amenazas de vacancia durante el gobierno de Vizcarra. Es una mirada quirúrgica a nuestra Constitución y nuestros procedimientos, comparándolos con Constituciones y procedimientos de otros países. 

Políticamente hablando, fue una buena jugada que los parlamentarios naranjas pidieran opinión sobre un tema muy específico a esta Comisión, porque al principio dará la impresión de que el Presidente ha presionado al Congreso para empujar reformas constitucionales. Es más, precisamente es eso lo que ha pasado. Pero lo que quedará como lectura real, es que nuestra propia Constitución permite ese tipo de dinámicas de presión. Cuando la Comisión dice que es “inusual que una cuestión de confianza se ligue a una reforma constitucional” no se refiere necesariamente a la práctica de Vizcarra. Se refiere a nuestra adefesiera Constitución de 1993, la de Fujimori, que permite interpretaciones demasiado amplias de estas atribuciones y un desbalance de poder en favor del ejecutivo y del Presidente. Es por eso que recomienda que sea el Tribunal Constitucional quien aclare las cosas. Repito: no soy abogado. Solo hago estas notas para que no se me escapen de la cabeza. Tengo el texto fresco en la cabeza. 

Por supuesto, esta discusión no debería ser solo de abogados. Todos deberíamos estar comprometidos con la Constitución y las buenas prácticas democráticas, tal como pide la Comisión. En ese sentido, el informe subraya que una reforma constitucional, incluso para nuestra propia Constitución, no es como aprobar una ley ordinaria: requiere consenso, requiere tiempo, calma, mucha discusión. No es recomendable hacerla a la apurada, ni siquiera porque hubo antes un referéndum. Así las cosas, aparentemente las conclusiones del informe van en contra de lo decidido por el Ejecutivo, pero recordemos que la Comisión no lee el contexto político (salvo en la sección de los antecedentes, que es muy somera). Lo que es muy claro, sin duda, es que hay más argumentos en contra de vincular la cuestión de confianza a una reforma constitucional que a favor. Pedir cuestiones de confianza como si fuesen hamburguesas no es la mejor receta para la estabilidad de un país. La Comisión tiene razón.

Pero es evidente que tampoco lo es interpretar la vacancia presidencial de una manera tan ancha que deja al Presidente a merced de un congreso caníbal. ¿Qué tal si alguien le solicita a la Comisión de Venecia opinión sobre la vacancia presidencial tal como está en la Constitución? Habría sorpresas.

¿Quién ganó con este informe? El spin que harán los naranjas sobre esto será muy intenso. Pero el gobierno puede sonreír, creo, porque hay una verdad adicional, enorme como una catedral, que se desprende también del informe: en ningún momento se discute o se pone en duda la constitucionalidad de lo hecho por Vizcarra. Ni de la cuestión de confianza solicitada por la razón que sea, ni de la disolución de congreso. Así son nuestras reglas de juego.

A recordar una vez más: no soy abogado.

El informe. Click.

Vargas Llosa y los semianalfabetos

Alguna tirria ha causado que Mario Vargas Llosa se refiera al Congreso disuelto como un grupo de pillos y "semianalfabetos". Las susceptibilidades heridas se explican porque nadie es un (semi) analfabeto porque lo desea, sino por falta de oportunidades (en el Perú el porcentaje de analfabetos es del 6% aproximadamente). Como la indignación siempre es a alto volumen, el paternalismo hacia el analfabeto rápidamente deviene elogio al analfabeto, para rematar triunfalmente en un desprecio a los hombres de letras. Leer is overrated. Tampoco hay que exagerar. Ningún miembro del Congreso disuelto tuvo falta de oportunidades. No es mucho pedir un esfuerzo extra para cumplir labores parlamentarias que incluyen, por cierto, leer bien y con calma.

Se podría ver el tema de otro ángulo. Ser un cascarrabias con los "semianalfabetos" implica al mismo tiempo apreciar al lector. Leer no es poca cosa. En buena cuenta significa meterse en la cabeza de otras personas y descubrir sus ideas sin necesidad de conversar directamente con ellas. Por eso podemos leer a los muertos. Además, leer es un gesto de humildad: expresa que mi experiencia personal es insuficiente para dar cuenta del mundo. Los alfabetizados tienen una increíble habilidad a su disposición.

Pero centenas o miles de libros leídos son inútiles, claro, si se lee de mala fe. No tiene mayor sentido ser un brillante usuario de la lógica, un experto en detectar sofismas, o un sutil argumentador si es que el objetivo final no es la búsqueda de la verdad. La mayoría de personas racionaliza, es decir, escoge aquellos argumentos que apoyan sus ideas preconcebidas. Es lo normal y lo que nos ayuda a sobrevivir. Pero leer para buscar la verdad es cosa de una minoría. Esa minoría es la que va a contracorriente, la que no teme dar vuelta en U, la que admite que puede equivocarse. Creo que Vargas Llosa es parte de ese grupo.